Salida de niños y niñas de la guerra: un paso significativo y retador

El anuncio

El domingo antepasado el gobierno y las FARC anunciaron la entrega de los menores de 15 años de edad que hoy se encuentran en campamentos guerrilleros.

El jueves de esta semana se instaló la Mesa Técnica encargada de presentar un protocolo para su salida, un plan transitorio de acogida y un programa de atención para los niños liberados. La Mesa es de carácter mixto y será encabezada por la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.

La salida de los niños y niñas de la guerra se dará antes de la firma de un Acuerdo Final. Es una medida de carácter humanitario y construcción de confianza, adicional a las de no reclutar menores de 17 y 18 años anunciadas en febrero de 2015 y 2016. También se suma a la entrega de cinco niños al Comité Internacional de la Cruz Roja entre 2014 y 2015, dos de ellos de pertenencia étnica (Comunicado conjunto # 70).

Un acuerdo histórico

El pasado 15 de mayo las delegaciones del Gobierno y las FARC instalaron la Mesa Técnica para la salida de los menores de 15 años del conflicto armado. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

La vinculación de niños y niñas a la guerra es un fenómeno de vieja data, aunque su adoctrinamiento, utilización y reclutamiento han tendido a aumentar durante las últimas décadas. Los dos picos más altos se registraron durante la vigencia de la Zona de Distención (quizá por la facilidad para tener allí a los menores) y, paradójicamente, a raíz de los incentivos a la deserción que adoptó el gobierno Uribe como parte de su estrategia contrainsurgente.

Las prácticas mencionadas son de carácter sistemático y por supuesto son una señal de guerra  degrada, pero no han sido suficientemente denunciadas o –peor- han sido atribuidas a una supuesta vinculación voluntaria de los menores de edad:

• Hasta la década de 1990 no hubo prácticamente ninguna alusión oficial a la presencia de niños en las filas subversivas; aunque el reclutamiento no era masivo, sí se sabía de su existencia en campamentos, como integrantes de unidades guerrilleras que por entonces dejaron las armas.
• Durante las desmovilizaciones paramilitares, la presencia de niños y niñas fue ocultada deliberadamente. Salieron por la puerta de atrás, sin proceso, sin protección y en bandeja de plata para ser enganchados por otros grupos armados. Según afirman algunos comandantes, esta fue una decisión inspirada por el entonces Alto Comisionado para la Paz para evitar complicaciones jurídicas que podrían trabar el proceso.

Dentro de este contexto de silencio, el comunicado # 70 es de veras “histórico”: las partes pusieron sobre el tapete la situación de las víctimas del delito de reclutamiento, reconociendo su condición como sujetos de derechos y de especial protección.

La lectura pública del comunicado por parte de Iván Márquez produjo malestar e indignación.

Las FARC reafirmaron el compromiso de poner fin a esta práctica y garantizar la salida progresiva de niños de sus campamentos. Manifestaron además que entregarán la información disponible y que contribuirían a identificar a las víctimas, todo lo cual puede ser entendido como un reconocimiento del delito perpetrado y un aporte al derecho a la verdad, al esclarecimiento de los hechos y a la reconstrucción de la memoria histórica.

Ruidos y polémica

Pero el comunicado de las FARC (“la paz: el mejor futuro para las nuevas generaciones) se presta a interpretaciones opuestas. Por una parte se celebra el Acuerdo y se añade que esta guerrilla ya había prohibido el alistamiento de menores de 15 años, pero por otra parte se relata cómo los campamentos guerrilleros sirvieron de refugio a 21 niños y niñas que “encontraron amparo que la orfandad y la pobreza les negaba”.

El comunicado de las FARC al mismo tiempo hace visible y oculta la situación de los menores.

No solo existen menores de 15 años en los campamentos, filas y redes de apoyo guerrilleras, sino que han existido campamentos de niños. Así lo cuenta una joven desvinculada, huérfana a los cuatro años, a quien su nombre de pila le fue cambiado por un alias, sus clases por adoctrinamiento, sus muñecas por fusiles de palo y en su adolescencia fue graduada como combatiente.

El abandono de la infancia y la precaria protección de sus derechos son realidades innegables en Colombia. Pero esto no justifica la decisión de someter a niños y niñas a la brutalidad de la guerra, con daños que han de marcarlos para toda la vida. No hay razón válida para que estos colombianos sean víctimas de:

• una de las peores formas de trabajo infantil,
• el delito de reclutamiento y utilización,
• el no haber sido protegidas de los conflictos,
•  un crimen de guerra si el hecho se perpetró por debajo de los 15 años,
• graves violaciones de sus derechos humanos y
• un crimen de lesa humanidad en tanto su vinculación afecta la integridad física y mental, causando intencionalmente grandes sufrimientos.

La lectura pública del comunicado por parte de Iván Márquez produjo malestar e indignación, puesto que él es uno de los principales reclutadores, con 108 casos establecidos por la Fiscalía. Su aporte a la verdad no puede ser parcial y adornado de justificaciones.

La polémica aumentó al pronunciar la cifra de 21 niños que serían entregados. Es cierto que el gobierno no cuenta con una cifra certera sobre los vinculados a las Farc, pero también es cierto que pueden ser muchos más. Para la Fiscalía son cerca de 11.500, entre 1975 y 2014. En los registros de la Unidad para las Víctimas son aproximadamente 9.000. En las estadísticas del ICBF el total de desvinculados es 5.984, entre noviembre de 1999 y abril de 2016 (cerca del 60 por ciento provenían de las FARC). Y por su parte  la Fuerza Pública estima que 170 niños están hoy en poder de esta guerrilla.  

El camino

Iván Márquez, miembro negociador de la Delegación de Paz de las Farc. Foto: Delegación de Paz FARC-EP

Pese a la polémica anterior importa reiterar que lo anunciado es una medida humanitaria y de confianza. Por ende, la liberación de los 21 niños puede interpretarse como el paso que abrirá la puerta a una desvinculación masiva. Se trataría de un piloto que en tiempo récord tendría que anticipar asuntos jurídicos (prevalencia de su condición de víctimas y garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación) así como brindarles condiciones adecuadas e inmediatas para su efectiva reintegración: transitar a la vida civil no es una tarea fácil.

El éxito de aquel proceso de desvinculación masiva implica varias estrategias y medidas, así: 

1. Ritmos y sentido de oportunidad.   La lentitud en las negociaciones puede jugar en contra del reconocimiento de niños y niñas como víctimas, pues muchos de ellos podrían alcanzar su mayoría de edad, y en estos casos operaría su desmovilización y no su desvinculación. De esta manera perderían el derecho a la reparación, que  más allá de la indemnización monetaria, habría de ser restauradora, transformadora y diferencial (o ajustada según género, etnia u otra característica personal relevante). 

2. Superar la doble condición. Toda persona menor de 18 años reclutada es víctima, y esta circunstancia debe prevalecer sobre su eventual calidad de victimario. De ahí la importancia de despejar la dualidad establecida por la Ley 1098 de 2006 y la Sentencia  C203 de 2005. Por eso dentro de la Jurisdicción Especial de Paz se ha previsto una vía especial para decir sobre las responsabilidades de los menores de edad. Y este proceso debe ser diferenciado, especializado,  restaurativo, y orientado en función de la responsabilidad cívica más no penal.

Toda persona menor de 18 años reclutada es víctima, y esta circunstancia debe prevalecer sobre su eventual calidad de victimario. 

3. Participación efectiva. Entre los principios orientadores del Acuerdo está el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, con énfasis sobre el derecho a participar en las decisiones que los afectan. Para que esto no sea retórica será preciso ambientar y cumplir la idea de  la consulta “previa, libre e informada”, lo cual supone metodologías adecuadas para personas en estas edades.

4. Diseño institucional, oferta programática y capacidad instalada. El Acuerdo demanda un protocolo de salida y un plan transitorio de acogida. Esta ruta es distinta de la que en Colombia se ha usado hasta la fecha, y supondría la plena identificación y caracterización de quienes serán entregados, claridad sobre sus intenciones o proyectos de vida, escenarios de acogida dignificantes, con enfoque diferencial y pertinencia territorial, concertación entre diversos actores y rutas flexibles que responsan a las particularidades de los desvinculados.

La desvinculación masiva bajo estas condiciones exigiría además una arquitectura institucional distinta de la actual. Hasta el momento los desvinculados transitan por el ICBF, la Agencia Colombiana de Reintegración y la Unidad para las Víctimas, muchas veces de manera incoherente. El nuevo diseño tendría que:

• Ir más allá de la atención individual para ocuparse de preparar los escenarios de acogida;
• Garantizar la seguridad personal de los desvinculados y transformar sus entornos en protectores de sus derechos;
• Contar con un recurso humano altamente especializado y con herramientas adecuadas para un trabajo en red e interinstitucional;
• Examinar y fortalecer las capacidades territoriales;
• Adecuar la oferta programática multisectorial.

Se trata de propiciar una vida alternativa al uso de las armas, rompiendo los circuitos de violencia y desterrando los referentes éticos y estéticos del guerrero. El reto es propiciar la construcción de vidas autónomas y dignas, con oportunidades y sentimiento de valía.

El nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC es un paso importante pero al frente tendremos los mayores desafíos.